Organizaciones nacionales e internacionales expresamos preocupación por otra sentencia contra defensoras y defensores de la naturaleza respecto al proyecto minero Curipamba–El Domo, Las Naves, Ecuador

Las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y defensa de la naturaleza que suscribimos expresamos nuestra profunda preocupación por la sentencia condenatoria a las y los defensores Piedad Guaranda, María Ortega y Wilfrido Escobar a cuatro (4) años de prisión y al pago de quince (15) salarios básicos unificados, emitida por el Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Esta decisión judicial castiga a los y las defensores/as del agua y del territorio y amedrenta a las comunidades que protegen la vida y la naturaleza.

La sentencia se suma a un patrón de criminalización contra personas defensoras ambientales y de la naturaleza que han denunciado riesgos y afectaciones asociadas al proyecto minero Curipamba–El Domo (Las Naves, Bolívar), operado por Curimining S.A., propiedad de las compañías canadienses Silvercorp Metals Inc. y Salazar Resources Ltd. Actualmente, 32 defensoras y defensores enfrentan causas penales en distintas etapas en las provincias de Bolívar y Los Ríos, lo que evidencia el uso del sistema penal para controlar, desgastar, romper el tejido de la organización comunitaria y condicionar la labor de defensa de derechos.

La persecución es sistemática; uno de los ejemplos es el caso de Wilfrido Escobar, que en uno de sus procesos judiciales fue absuelto el 11 de diciembre de 2025, en segunda instancia, mientras en el otro proceso nuevamente es criminalizado con una sentencia condenatoria el 23 de febrero de 2026. Asimismo, en los casos de Piedad Guaranda y María Ortega no existen elementos para iniciar investigaciones, ni procesos judiciales, ni sentencias que identifiquen la responsabilidad de los cargos que se les imputan. Sin embargo, este uso del derecho penal para limitar el ejercicio de la defensa de los derechos de la naturaleza hace insostenible un Estado de derechos y justicia.

También resulta alarmante que el mismo 23 de febrero de 2026 se hayan convocado dos audiencias correspondientes a dos casos distintos vinculados al mismo conflicto socioambiental, lo que levanta suspicacias sobre una posible estrategia de presión simultánea. Señalamos que la primera audiencia fue suspendida por el propio Tribunal, incrementando la incertidumbre procesal y el desgaste de las personas defensoras y sus comunidades.

Esta sentencia ocurre, además, en un contexto político preocupante. Han sido ampliamente conocidas y documentadas las graves denuncias sobre la falta de independencia judicial, inclusive con presiones a jueces, escandalosas irregularidades en la designación de autoridades -como los titulares de la Fiscalía y del Consejo de la Judicatura- así como declaraciones del propio presidente de la República cuestionando

la demanda ciudadana de independencia judicial1. Asimismo, es ampliamente conocido que el Grupo Nobis, liderado por Isabel Noboa, tía del actual presidente del Ecuador, Daniel Noboa, ha mantenido participación accionaria en empresas vinculadas al proyecto Curipamba–El Domo, lo que genera serias dudas sobre conflictos de interés en un momento de alta conflictividad territorial.

A la vez, el país atraviesa un impulso gubernamental para facilitar inversiones mineras internacionales, incluyendo el Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, enviado por el Ejecutivo el 28 de enero de 2026, cuestionado por proponer sustituir la licencia ambiental por una autorización definida según “riesgo” por un comité técnico. Diversas voces han advertido que este rediseño podría debilitar mecanismos de protección ambiental y estándares de derechos colectivos y de la naturaleza, incluidas las garantías de la consulta previa y de la consulta ambiental.

Peor aún si se considera que el gobierno estaría por firmar un TLC con Canadá “en el primer o segundo trimestre de este año”, según ha anunciado el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, pues este tratado tiene como objetivo principal otorgar privilegios jurídicos a las inversiones canadienses, principalmente mineras, como es la capacidad para demandar al Ecuador en tribunales internacionales de arbitraje, según consta en su capítulo sobre inversiones. Esto supone irrespetar la voluntad popular, que dijo mayoritariamente NO al arbitraje internacional en el referéndum de abril de 2024, y violar el artículo 422 de la Constitución del Ecuador, y que prohíbe al Estado ceder jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias con personas naturales o jurídicas privadas.

Recordamos que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar el derecho a defender derechos, la libertad de expresión y participación, el debido proceso y la independencia judicial, protegiendo a quienes defienden la naturaleza y los derechos humanos.

Exigimos al Estado ecuatoriano:

●      Que se garantice un Estado constitucional de derechos y justicia para los defensores de la naturaleza.

●      Garantizar el debido proceso y el acceso a recursos efectivos de revisión judicial.

●      Cesar la criminalización de personas defensoras de la naturaleza vinculadas al proyecto minero Curipamba–El Domo y abstenerse de usar el derecho penal para inhibir la defensa territorial.

●      Investigar de forma independiente e imparcial posibles conflictos de interés, presiones o coordinaciones indebidas.

●      Implementar medidas de protección para personas defensoras procesadas y sus familias, y garantizar la observación nacional e internacional en las próximas audiencias.

●       Entregar toda la información de lo negociado en el TLC entre los gobiernos de Ecuador y Canadá para que las organizaciones sociales y ambientales tengamos la posibilidad de analizar sus efectos en los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza; y que los pueblos ancestrales seamos consultados si estamos o no de acuerdo con la vigencia de este tratado.

Exigimos a la embajada de Canadá en Ecuador y autoridades canadienses:

●      Implementar las “Voces en Riesgo: Directrices de Canadá sobre el apoyo a los Defensores de Derechos Humanos” y apoyar de manera pública a las personas defensoras y a su trabajo legítimo de defensa de los derechos humanos, sus territorios y las fuentes de agua. Esto puede tomar varias formas, incluyendo reunirse con representantes de las comunidades afectadas, observar los juicios contra los defensores criminalizados y expresar públicamente su preocupación a las autoridades del Ecuador por los múltiples casos de hostigamiento, criminalización y sentencia condenatoria de los defensores.

●      No aprobar ni ratificar el tratado de Libre Comercio entre Canadá y Ecuador, especialmente si este incluye el mecanismo de arbitraje. Este tratado amenaza los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, sus territorios y la naturaleza.

Exigimos a Curimining S.A., subsidiaria de Silvercorp Metals Inc. y Salazar Resources Ltd:

●      Cesar de inmediato la criminalización y el hostigamiento contra defensores y comunidades afectadas por el proyecto Curipamba - El Domo.

●      Suspender sus actividades y evaluar los impactos ambientales, especialmente sobre fuentes hídricas, conforme a la legislación ecuatoriana y los estándares internacionales.

Defender el agua, los territorios y la naturaleza es un derecho, no es un delito.

1 Ver en:

https://www.facebook.com/EcuadorChequea/videos/el-presidente-daniel-noboa-se-refiri%C3%B3-a-la-ind ependencia-judicial-en-una-entrevi/907188675606202/