Toronto / Quito - Viernes, 26 de septiembre de 2025. Mientras los accionistas se reúnen en Vancouver, Canadá, para la Asamblea General Anual (AGM) de Silvercorp Metals Inc., Ecuador vive una situación de malestar generalizado. Decenas de miles de personas han salido a las calles y bloqueado autopistas en un paro nacional liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones aliadas de la sociedad civil. Los manifestantes exigen la revocación de las recientes medidas económicas, entre ellas la reducción de los subsidios a los combustibles, los fuertes aumentos de impuestos, el despido masivo de servidores públicos, así como el fin de los proyectos mineros de propiedad canadiense que amenazan las fuentes de agua de las comunidades y vulneran su derecho al consentimiento libre, previo e informado.

Una de las principales reivindicaciones del paro es que el gobierno ecuatoriano anule las licencias ambientales y de explotación minera concedidas a la mina de cobre y oro “Curipamba-El Domo”, propiedad de Silvercorp, que se encuentra en el centro de Ecuador, junto con otros dos proyectos de propiedad canadiense que están a punto de comenzar a operar. Las comunidades y los científicos advierten que estos proyectos suponen una amenaza inminente para las cabeceras de las principales cuencas hidrográficas del lado occidental del país y socavan los medios de vida de los pueblos indígenas y comunidades campesinas que han sostenido las economías locales durante siglos. 

El paro nacional se suma a una ola de resistencia, incluida una protesta histórica celebrada el 16 de septiembre, en la que más de 100.000 personas salieron a las calles de la ciudad de Cuenca para exigir la suspensión del proyecto minero canadiense Loma Larga. En respuesta, el presidente Daniel Noboa anunció la intención de su administración de anular la licencia ambiental del proyecto, un requisito previo esencial para la extracción de minerales.

Estas protestas nacionales y locales se producen en medio de un recrudecimiento de la represión contra las y los defensores de la naturaleza en el cantón Las Naves, donde se encuentra el proyecto Curipamba-El Domo de Silvercorp. En los últimos meses, la policía armada y las fuerzas militares arrestaron y detuvieron a un defensor del agua (posteriormente liberado), allanaron la casa de otro y utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma contra familias campesinas que habían bloqueado pacíficamente una de las vías de acceso a la mina durante más de tres meses.

Más allá de estos episodios violentos, el proyecto ha desencadenado una criminalización generalizada de las y los dirigentes comunitarios: 29 defensores de la naturaleza han sido acusados y 13 sentenciados a penas de prisión de hasta cuatro años, a pesar de la debilidad o la falsedad de las pruebas. Seis de estos defensores perdieron su apelación a nivel provincial y están a la espera de una audiencia de casación ante la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Mientras tanto, otros tres se enfrentan a una audiencia de apelación provincial en noviembre, tras la anulación del juicio en julio. Expertos de las Naciones Unidas y 283 organizaciones de todo el mundo han condenado esta agresiva persecución de las y los defensores de los derechos humanos y han pedido “el archivo inmediato de las investigaciones penales y los procedimientos judiciales contra los defensores”.